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viernes, 24 de octubre de 2014

10 cambios centrales del nuevo Código Procesal Penal


(1) Sistema acusatorio

El proyecto de nuevo Código Procesal Penal propone un sistema acusatorio. En el actual “Código Levene”, sancionado en 1991, rige un sistema mixto entre inquisitorio y acusatorio, en el cual el proceso es dirigido por el juez y, si quiere, puede delegar en el fiscal la investigación o hacerla enteramente él. Con el nuevo Código, que instalaría el sistema acusatorio, toda la investigación queda delegada en el fiscal. El juez, por su parte, es quien decide las resoluciones judiciales: juzga, absuelve o condena, pero la investigación será conducida, dirigida y estará a cargo del fiscal. Por último, los defensores adquieren mayores facultades para intervenir en el proceso, generando investigaciones propias y establececiendo mecanismos de organización útiles para el servicio de defensa pública oficial.


(2) Fin de la justicia sumaria

El proyecto incorpora los principios de celeridad, oralidad, publicidad y “desformalización” de las decisiones. Ningún proceso podrá durar más de tres años y agilizará la revisión de las decisiones. Esta nueva lógica no se agota en la investigación y el juicio, sino que se traslada a toda la etapa de recursos y a la de ejecución de la pena, que hoy en día se encuentra muy saturada y sin capacidad de control de resultados. Todas las decisiones serán orales, en audiencia pública y con sentencia en el mismo momento. La oralidad da contemporaneidad a las decisiones, publicidad y participación, por parte de la víctima que hoy no tiene, así como un control social.


(3) Agilización del proceso

El nuevo Código fija tiempos más cortos para que la causa sea enviada a juicio oral. La instrucción en las causas que hoy lleva entre 3 ó 4 años, se realizará como máximo en tan sólo 1 año y el juicio oral debe realizarse entre 5 y 30 días una vez terminada la investigación o instrucción. La causa, de todas formas, no prescribe.
Además, las apelaciones a las sentencias se deberán resolver también en 5 días, desde el momento en que se interponen. Según se prevé, con el nuevo Código el 90 % de los casos estará resuelto en no más de 10 meses. Otro punto que llevara a agilizar el proceso es la regulación de la conciliación y mediación entre víctima y victimario, evitando así que mucho casos menores lleguen a juicio oral.
Por último se prevén sanciones para los jueces o fiscales que no cumplan con los plazos. si los fiscales, en su carácter de investigadores, o los jueces, en su carácter de juzgadores, no cumplen con los plazos perentorios para juzgar o para investigar van a ser sancionados con sanciones graves. Y, tres sanciones graves, de acuerdo con la legislación vigente, son causal de jury para un juez, y se estima que cuando se unifique la ley de Ministerio Público Fiscal, también lo será para un fiscal.


(4) Etapas del nuevo proceso

Como se mencionó con anterioridad, propone un modelo acusatorio, el cual se organizará de la siguiente manera:
  • Investigación preparatoria: realizada por el fiscal a partir de una denuncia, de una causa originada por la actuación policial o de oficio por propia decisión del fiscal. Esta etapa tiene un plazo máximo de un año. 
  • Etapa intermedia: luego de la investigación y acusación se celebra una audiencia para evaluar la prueba y decidir el inicio del juicio oral. De esta manera, se fijará en forma inmediata la fecha de juicio. 
  • Juicio oral: se modernizan las reglas del litigio y se prevé el registro audiovisual. Deberá realizarse el juicio entre 5 y 30 días de finalizada la audiencia de etapa intermedia, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, donde los juicios se llevan a cabo luego de 2 o 3 años de elevada una causa a juicio. 
  • Procedimientos especiales: se incorpora la figura de procesos complejos, en los que se duplican los plazos procesales. Asimismo se regula el juicio directo para los casos en que la prueba del hecho exista desde el primer día (detención en flagrancia) las partes pueden pedir saltear la investigación e ir directamente a juicio en pocos días. 
  • Ejecución de la pena: se fija un sistema de audiencias para la resolución de los planteos. Se permite la intervención de la victima de forma previa del egreso del condenado.


(5) Participación de la víctima

El rol de la víctima y sus familiares -querellantes- cambiará. Se introducen a las víctimas, no como meros querellantes sino que van a poder participar en el proceso, junto al fiscal y al juez, exigiendo medidas, produciendo medidas e inclusive proponiendo la dirección del proceso, cuando el juez y el fiscal no lo hagan. Se reglamenta un sistema de comunicación sobre las decisiones que la afecten y se fija un mecanismo de revisión específico.
Además, las asociaciones y fundaciones podrán ser querellantes en la investigación de delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos.


(6) Prisión preventiva

Para terminar con la soltura injustificada de quienes cometen delitos graves se regulan pautas claras para la prisión preventiva. Se deberá tener en cuenta la naturaleza y circunstancia del hecho, la conmocion social que haya generado, la posible pena a imponer, y la reincidencia del autor. Quienes cometen delitos graves, en forma reiterada van a estan presos desde el primer día de la investigación y condenados en menos de 10 meses. En casos de detención al momento de cometer el delito, el juez debe resolver la prisión preventiva en no más de 72 horas.


(7) Creación de la Oficina Judicial

Se crea la Oficina Judicial, encargada de la tramitación administrativa de las causas, organización de audiencias, citacion de partes, etc.


(8) Pueblos originarios

Se incorpora la garantía de que sean tenidas en cuenta sus costumbres cuando los hechos involucren a sus miembros.


(9) Extranjeros

Se incorpora la expulsión con prohibición de reingreso al país de hasta 15 años, como condición de la suspensión del juicio a prueba. Si se viola la prohibición de reingreso se reanuda el juicio (como si se violara una probation o regla de conducta). El fiscal puede oponerse por criterios de política criminal o por ser necesario para otra investigación en curso. Se aplica siempre y cuando la expulsión no afecte la reunificación familiar.


(10) Comisión Bicameral de control

En la ley aprobatoria del nuevo Código se crea una Comisión Bicameral de Monitoreo de la Implementación del nuevo sistema procesal penal, con el fin de programar, controlar y revisar la implementación del nuevo Código. A la vez esa Comisión elaborará todas las normas necesarias y reformas de las leyes actuales para la correcta aplicación del nuevo regimen procesal.


 

miércoles, 19 de junio de 2013

Voto en disidencia de Raúl Zaffaroni en cuanto a la reforma al Consejo de la Magistratura

Compartimos esta  Nota de Página 12 con los extractos más importantes del Voto en Disidencia del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, respecto a la Inconstitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura incluida en las Leyes de Democratización de la Justicia presentadas por el ejecutivo. En cuanto también recomendamos la nota de Mario Wainfeld incluida en la misma edición del diario.



Los textuales de la argumentación del magistrado, que explica que al introducirse en la Constitución el órgano que selecciona y remueve a los jueces no se establecieron los detalles de su conformación. Sus opiniones acerca de la independencia y la política.

“Nada inhibe a cada magistrado de su incuestionable derecho democrático a disentir con el modelo de elección establecido por la ley y a postular otro diferente, pero ese debate necesario ante la parálisis de una institución indispensable para el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación no tiene nada que ver con una inconstitucionalidad manifiesta. Es perfectamente posible que la elección por listas y por partidos políticos genere dificultades, pero también las ha generado la elección estamentaria, cuyas consecuencias están a la vista”, dijo el juez Raúl Zaffaroni en su voto disidente, en el que asegura que la reforma del Consejo de la Magistratura es constitucional.

Zaffaroni señala que la ley recientemente sancionada por el Congreso puede gustar o no, puede tener sus fallas y puede incluso resultar luego igual de improductiva que el mecanismo actual –que llevó al organismo a una parálisis–, pero no es inconstitucional. Para fundamentar su definición, relata el proceso de creación del Consejo de la Magistratura, introducido en la Convención Constituyente de Santa Fe de 1994, de la que él mismo fue integrante.

El Consejo

- “La reforma constitucional se caracterizó por perfilar instituciones sin acabar su estructura. En todos los casos –y en el del Consejo de la Magistratura en particular– se argumentó que una mayor precisión constitucional padecería de un supuesto defecto de reglamentarismo. En el propio seno de la Asamblea de Santa Fe se advirtió reiteradamente el riesgo que se corría con esta novedosa modalidad constitucional, puesto que es inevitable que la política coyuntural ocupe los huecos estructurales que deja abiertos el texto constitucional, con las soluciones que le dicte la circunstancia de poder de cada momento, no por corrupción y ni siquiera por razones contrarias a la ética, sino por la simple dinámica esencialmente competitiva de la actividad política, que irremisiblemente mueve a ocupar todos los espacios de poder que se le ofrecen en cada ocasión. Se corrió el gravísimo riesgo de introducir una institución novedosa sin estructurarla.”

- “El texto constitucional delegó la tarea de finalizar la estructuración del Consejo de la Magistratura en una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En esta línea, tampoco se definió su integración, pues el texto incorporado se limita a indicar los estamentos que deben estar representados, sin señalar número ni proporciones, dado que sólo impone que se procure el equilibrio.”

- “Una institución novedosa, tomada del derecho constitucional comparado, pero separándose de sus modelos originales en forma híbrida y con defectuosa estructuración, dio lugar a que en menos de veinte años fuese objeto de tres reformas regulatorias dispares y profundas. A esto se suma que, en los últimos años, su deterioro funcional llegó hasta el límite de la paralización.”

La ley

- “El texto vigente prescribe la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Con esta redacción dejó abierta la integración con representación del Poder Ejecutivo. También deja abierta la posibilidad de que la elección de los representantes de los jueces pueda tener lugar por instancias, o sea, respetando la estructura corporativa vertical, con menor representación de los más numerosos y jóvenes, que son los de primera instancia.”

- “El caso exige un extremo esfuerzo de prudencia para separar con meticuloso cuidado la opinión o convicción personal acerca de la composición y elección del Consejo de la Magistratura de la pregunta acerca de la constitucionalidad de la ley en cuestión. De lo contrario, se excederían los límites del poder de control de constitucionalidad, para pasar a decidir en el campo que el texto dejó abierto a la decisión legislativa, sólo por ser ésta contraria a las propias convicciones acerca de la integración y elección de los miembros del Consejo. Interpretar la representación en el puro sentido del contrato de mandato del derecho privado es una tentativa de salvar lo que el texto no ha salvado. El argumento contrario corre con la ventaja de que la representación estamentaria en la Constitución nacional es una excepción, en tanto que la regla republicana es la representación popular.”

- “Es claro que la ley sancionada por el Congreso nacional no se filtra por los resquicios del texto, sino que penetra por las enormes brechas que éste dejó abiertas a la ley infraconstitucional.”

- “Por desgracia –y a veces por suerte–, como en alguna ocasión dijo Radbruch, las leyes como un navío que el legislador despide desde el muelle y al que ya no puede controlar, navega solo, con las virtudes y defectos del texto. Y el artículo 114 de la Constitución nacional navega solo, con sus enormes carencias estructurales, con su delegación de poder constituyente en el legislador ordinario y con su parquedad, sus oscuridades y su hibridez. (...) Todos quedamos en el muelle, podemos recriminarnos y hasta llorar, pero a lo largo de dos décadas el texto y la institución fueron navegando con múltiples accidentes, chocando con escollos y arrecifes y casi naufragando, hasta el punto de la parálisis que obliga a una reestructuración urgente, pues de lo contrario se acrecentarán las dificultades institucionales que el marasmo en que ha caído la institución ya viene produciendo.”

- “Es perfectamente posible que la elección por listas y por partidos políticos genere dificultades, pero también las ha generado la elección estamentaria, cuyas consecuencias están a la vista. Puede ser que esta nueva estructura esté condenada al fracaso, pero más allá de las convicciones personales –que no son del caso expresar, aunque pueden rastrearse en los antecedentes de la propia Asamblea Reformadora y en publicaciones de la época–, considerando el texto tal como fue incluido en la Constitución, no se le puede negar al legislador el espacio para ensayar una estructura diferente ante una crisis, apelando para ello a una interpretación limitadora procedente del derecho privado. Es factible incluso que se trate de un nuevo error político, pero no todo error político es una inconstitucionalidad manifiesta.”

La política

- “En cuanto a la independencia de los consejeros y su reflejo sobre la independencia judicial, devenida de la necesidad de que los candidatos sean postulados por los partidos políticos, cabe observar que el concepto de independencia es doble: la hay externa, pero también interna, dependiendo la última de que el poder disciplinario, en materia de responsabilidad política y de presión interna del Poder Judicial, no sea ejercido por los órganos de mayor instancia, que es la esencia del concepto de corporación o verticalización. Esta independencia es la que en el derecho constitucional comparado trata de garantizarse mediante un órgano separado, que sería el Consejo de la Magistratura.”

- “En cuanto a la independencia externa, o sea, de los partidos políticos y de los poderes fácticos, que es la que se cuestiona en la causa sólo respecto de los partidos, no es posible obviar que es inevitable que cada persona tenga una cosmovisión que la acerque o la aleje de una u otra de las corrientes de pensamiento que en cada coyuntura disputan poder. No se concibe una persona sin ideología, sin una visión del mundo.”

- “No hay forma de evitar esta identificación, como no sea pretender que existe lo que es inconcebible, o sea, personas sin ideología. Esto se ha puesto claramente de manifiesto en el curso de los años en que ha funcionado, con una u otra estructura, el Consejo de la Magistratura apenas delineado por el articulo 114 de la Constitución nacional. En definitiva, se trata de un problema humano insuperable: estamos lanzados al mundo con significados Y dentro de ellos elegimos existencialmente.”

- “La independencia externa del Poder Judicial nunca se ha sostenido que sea afectada porque los jueces sean nombrados y removidos por órganos de los otros poderes, integrados conforme a partidos políticos. El juez –y en este caso el consejero– una vez designado es independiente de todo partido y no está sujeto a sus órdenes ni mandatos. Si alguno se somete a esta condición, esto no será resultado de la elección, sino de su propia falla ética, al igual que sucede con los jueces, si acaso alguno se considera vinculado o sometido a la fuerza política que incidió en su nombramiento. Nada hay de vergonzante en que un juez exprese sus preferencias; más aún, esto evita que pueda oscilar sin sanción pública, siendo una condición de la exigencia de mínima coherencia y de prevención de conductas erráticas. Dado que nadie existe sin ideología, cabe concluir que la única garantía de imparcialidad humanamente exigible es el pluralismo ideológico interno, donde cada uno sepa cómo piensa el otro y le exija coherencia en cada caso, para lo cual es menester que nadie oculte lo que piensa. No cabe duda de que todo funcionario, del poder que sea, pero más del Judicial, habrá de recibir sugerencias de cualquier índole y con mayor o menor intensidad. Esto es inevitable en cualquier estructura, pero es propio del profesionalismo de los magistrados poder decidir conforme a su conciencia y a su saber.”