miércoles, 25 de julio de 2012

Otro proyecto sobre la problemática de la vivienda: Plan Integral de Viviendas

En sintonía con lo que subimos la semana pasada (Proyecto por una nueva Ley de Alquileres) queremos agregar para sumar al debate sobre la problemática de la vivienda (en este caso en particular en la Ciudad de Bs. As.) esta propuesta que se ha dado a conocer bastante en los últimos días. El proyecto contiene varios puntos interesantes además de un análisis bastante completo sobre la situación habitacional actual en la Capital Federal. 
Como la vez anterior invitamos a difundir la propuesta con el objetivo de impulsar un debate más que necesario.


PLAN INTEGRAL DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES


El Programa Integral de Vivienda que proponemos intenta dar respuesta a una de las problemáticas más urgentes que presenta la Ciudad de Buenos Aires: el acceso a una vivienda digna que hoy no está garantizado para diversos sectores de la población.

Más de 150.000 inmuebles vacíos, un mercado inmobiliario atravesado por lógicas especulativas e imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios son algunos de los obstáculos más frecuentes. Por otro lado, alquilar una vivienda nunca fue una fácil opción debido a los elevados costos y los excesivos requerimientos establecidos por parte de los propietarios. Estamos convencidos de que pensar soluciones estructurales a largo plazo, implica tener en cuenta el rol del Estado en tanto planificador de una política pública que se proponga garantizar el acceso a la vivienda de todos los habitantes de la ciudad. En este sentido, nuestras principales propuestas son Impuesto a la vivienda en desuso, regulación del mercado de alquileres, urbanización de villas y asentamientos precarios y la creación de un Ministerio de Vivienda y Hábitat.

La Constitución de la Ciudad nos otorga el derecho una vivienda digna y un hábitat adecuado en su artículo 31. Para ello plantea resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios e incentivar la planificación de políticas que tiendan a ordenar el uso del territorio.

Algunas ciudades del mundo han incorporado el término de “derecho a la ciudad” para dar cuenta de una construcción participativa del hábitat urbano bajo un planeamiento sustentable del territorio. Acceder a un lugar adecuado donde vivir crea condiciones apropiadas para garantizar el derecho al trabajo, la educación y la salud.

Debemos pensar colectivamente la manera de garantizar un acceso amplio e igualitario de todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires a un espacio para vivir digno, asequible, con seguridad jurídica, e infraestructura necesaria. Para lograrlo, no debemos olvidar la intervención del Estado en materia de vivienda concebida como un servicio público permanente, regular y universal.

Una fotografía de la situación de la vivienda en Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires ha sufrido un progresivo ensanchamiento de la brecha entre las crecientes necesidades de satisfacer el derecho a una vivienda digna y el incremento de las dificultades para acceder a la misma. En la actualidad, cerca del 50% de la población que reside en la Ciudad es parte de esta problemática. Este proceso puede ser atribuido a diversos factores, entre los que se destacan los siguientes.
Desde el año 2003 hasta el 2010, se otorgaron permisos para construir 14.837.829 m2 (es decir casi 250.000 departamentos de 60 m2). Sin embargo y con la población que habita la Ciudad estable en alrededor de 2.900.000 personas, el déficit habitacional creció casi un 26% pasando de 86.185 a 108.225 familias sin hogar digno.Podemos decir que aquellas propiedades nuevas no fueron enteramente destinadas a la vivienda, existiendo actualmente alrededor de 150.000 viviendas en desuso.

Dentro de este elemento, es importante visualizar que este boom de la construcción no tuvo un desarrollo territorial homogéneo entre los distintos barrios porteños, sino que por el contrario parece haberse concentrado en la zona norte de la ciudad. Entre los años 2009 y 2010, las comunas 1, 6, 11, 12, 13 y 14 que incluyen a barrios como Puerto Madero, Retiro, Palermo, Caballito, Belgrano y Coghlan aglutinaron más del 62% de los m2 construidos. Muy diferente a la situación de las comunas 4, 8 y 9 (La Boca, Barracas, Parque Patricios, Lugano, Mataderos, entre otros) con menos del 8,5%. Esta desigualdad expresa muy claramente que la construcción no es una respuesta a la creciente demanda de más y mejor vivienda, sino que se estructura en función de la posibilidades directas de ganancia (el precio del metro cuadrado es mucho más alto, y crece mucho más, en el norte de la ciudad que en el sur).

En cuanto al déficit habitacional en concreto, podemos marcar algunos datos que ilustran el panorama. La población en villas o asentamientos pasó de 108.000 personas en 2001 a 164.000 en 2010 (un incremento del 52%). Aquellas que habitan en inquilinatos, hoteles familiares, pensiones y casas tomadas alcanzan hoy las 144.000. Finalmente, la gente en situación de calle se mantiene relativamente estable desde hace 4 años en alrededor de 15000 personas (según datos de Médicos del Mundo), mientras el Gobierno de la Ciudad sigue diciendo que son sólo 1300 las personas en dicha situación..

En paralelo a esta situación, es posible observar cómo se ha ido incrementando el valor de la propiedad en la Ciudad. Mientras que en 2007 el valor promedio del m2 era de US$1.402, a fines del año pasado alcanzaba los US$ 2107, es decir un incremento en dólares de más del 50% y en pesos de casi el 115%. Queda claro cómo la inversión en ladrillos se convirtió en una de las más rentables, superando con creces a la inflación del período.

Finalmente creemos importante destacar a los que afectados por el alto valor de las propiedades, se ven en la obligación de concurrir a los alquileres. Quienes se encuentran en esta condición son aproximadamente 350.000 hogares, superando en un 55% a los valores del 2001. En este sentido, cobran relevancia dos datos: en los últimos 5 años, el valor del alquiler promedio se incrementó más de un 240% y la proporción del salario destinado al mismo ronda el 40%. Y esta situación se hace irremediable ya que la posibilidad de comprar una propiedad se vuelve progresivamente cada vez más lejana: cuando en el 2001 el esfuerzo para comprar un departamento de 50m2 representaba unos 42 sueldos promedio, en 2011 este esfuerzo se ha incrementado a 84, es decir, exactamente el doble. Al mismo tiempo, tomar un crédito hipotecario se hace cuesta arriba. Según estadísticas recientes, un grupo familiar con un ingreso de alrededor de $9.000, requiere de más del 40% de sus ingresos para recibir un préstamo a 20 años, pero con un ahorro previo del 30% de la propiedad que desea comprar, elemento que torna prohibitiva esta opción para la mayoría.

Arde Buenos Aires: Presupuesto, subejecución y soluciones aisladas
La gestión de Mauricio Macri desatendió la cuestión habitacional. Escasa asignación y subejecución del presupuesto, planes y programas que no contemplan de manera integral la problemática, y su posterior abandono son algunas de las características que asume la política habitacional del macrismo.

El porcentaje correspondiente a vivienda dentro del presupuesto de la Ciudad ha disminuido en los últimos años. En el 2006 alcanzaba el 5,9%, mientras que en el 2008 ya era del 3,5% descendiendo al 2% hacia el 2010. Además, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo encargado del diseño e implementación de las políticas, presenta grandes falencias en la ejecución. En el 2010 solamente utilizó el 56,65% de su presupuesto. Por otro lado, la subejecución presupuestaria se traduce en una fuerte disminución de los permisos que el IVC otorga para construir viviendas. A modo de ejemplo, en el 2006 existían 1496 permisos de construcción, cifra que descendió a 271 en 2008 y cayó finalmente a 9 en 2009.

No existe una política integral de urbanización de las villas y asentamientos precarios de la Ciudad. Al momento, la solución del macrismo es la entrega de títulos de propiedad a sus habitantes sin las regulaciones necesarias que impidan fomentar la especulación dentro de estos espacios. En este escenario, es sorprendente el veto a la Ley 1.251 de Emergencia Habitacional aprobada en diciembre de 2010 en medio del conflicto de la toma de tierras en el Parque Indoamericano por parte de Mauricio Macri. Declarada por primera vez en 2004, la misma prohibía los desalojos y garantizaba créditos de vivienda para propiedad colectiva.

Por otro lado, existe un desorden en el escenario de los organismos, secretarías e instituciones del Gobierno de la Ciudad que se abocan al tema. No sólo las funciones y responsabilidades presentan un alto grado de descentralización, sino que los diferentes actores dependen de distintas jurisdicciones. Si bien la creación de la Secretaría de Hábitat e Inclusión en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico en el 2011 intentó un ordenamiento y centralización de las distintas intervenciones en materia habitacional, aún no se registran resultados positivos.

Consideramos que el acceso a la vivienda es un problema que atraviesa a distintos sectores sociales. La emergencia de distintos programas oficiales tales como “Mi Primera Casa” del Gobierno de la Ciudad y el plan “Pro.Cre.Ar” del Estado Nacional dan cuenta de dicho panorama. El macrismo promete un sistema tripartito de financiamiento basado en el ahorro previo del solicitante, un subsidio directo aportado por el IVC y un crédito hipotecario a largo plazo otorgado por el Banco de la Ciudad con una tasa escalonada a tres años que no supera el 14 % anual. Quienes pueden acceder son personas de 18 a 50 años que perciban un ingreso mensual mínimo vital y móvil de 2300 pesos. Las viviendas que pueden adquirirse son únicamente para ocupación permanente y el precio del metro cuadrado no debe superar los 1700 dólares. La cantidad de créditos que otorgará este plan es extremadamente reducida y no detiene la lógica especulativa con la cual funciona el mercado inmobiliario.

Por otro lado, el plan Pro.Cre.Ar (Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única) plantea la creación de un fondo fiduciario a 30 años para la construcción de nuevas viviendas. El mismo permite acceder a un crédito máximo de 350.000 pesos a pagar en un plazo de 20 a 35 años (período en el cual el nivel de ingresos, se corresponde con la tasa de interés a pagar). El dinero se puede destinar a dueños de terrenos que quieran construir una casa o para aquellos que no posean un espacio físico. Para ellos, el Estado asegura el uso de 1820 hectáreas de terrenos públicos en todo el país. Si bien la medida apuesta por un fomento al mercado de la construcción conforme a los lineamientos de un modelo productivo, la iniciativa no sólo tiene poca repercusión dentro de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires debido a la imposibilidad de proyectar futuras construcciones en un espacio saturado de las mismas, sino que olvida la integralidad de la problemática del acceso a la vivienda.

Finalmente, ¿qué proponemos?

Entendemos que para darle una solución acabada a la problemática de la vivienda, el Plan a ser adoptado debe ser: a) Integral, para abarcar al conjunto de dificultades que sufren todos los ciudadanos; b) Planificado: porque es un problema estructural que se arrastra desde hace décadas y requiere del largo plazo para darle una solución gradual y definitiva y c) Centralizado: puesto que de lo contrario, se recae en programas aislados destinados a paliar con parches lo que en realidad afecta a las mayorías. Para ello, resulta fundamental que el Estado tome un rol protagónico en el establecimiento de políticas públicas que apunten en tal sentido.

1) Impuesto a las viviendas ociosas
Es una política que ya está siendo implementada en muchos países del mundo con buenos resultados. Se trata de gravar a las viviendas que se encuentran en desuso con un impuesto creciente en función del tiempo en que se encuentra deshabitada. Asimismo, se establece que luego de un período de tiempo sin ser incorporada a la oferta inmobiliaria, el usufructo del inmueble pasa a manos del Estado.
De esta manera, se implementa una medida para planificar a largo plazo la reducción progresiva de la cantidad de viviendas ociosas, dando lugar al incremento de la oferta de inmuebles y la consiguiente baja en los precios. Al mismo tiempo, se castiga la especulación inmobiliaria, tan propia de estos tiempos, resignificando el sentido mismo de las viviendas, pasando de ser depósitos de valor a ser bienes de uso social.

2) Urbanización de villas y regulación de hoteles familiares
En una ciudad con casi 500.000 personas sin vivienda digna, es fundamental que el Estado intervenga de manera directa con un fuerte incremento de la inversión en la provisión de servicios básicos como agua, cloacas, luz y gas así como que favorezca la accesibilidad a los barrios más carenciados con la diagramación de calles, la incorporación de trasporte público y el tendido de alumbrado. En el mismo sentido debe lanzarse un plan de créditos blandos de mejoramiento de la infraestructura existente. También, debe impulsarse la entrega de títulos de propiedad con una cláusula de no venta o alquiler, para evitar que sean sometidas a la especulación. Mediante estas iniciativas, se avanza en la integración de villas y asentamientos precarios al tejido urbano.
En cuanto a los hoteles familiares, planteamos que por un lado, deben ser incrementadas las inspecciones por parte del organismo competente para garantizar las condiciones de salubridad mínimas que se requieren para una vida digna. Por otro lado, es necesario que se establezca una fuerte regulación de los precios de manera que se eviten los abusos a los que habitualmente son sometidos los inquilinos. Finalmente debe ser reestablecida la ley que prohíba los desalojos de los mismos.

3) Regulación de alquileres y Construcción de viviendas
En aras de combatir la especulación y reducir los precios de los alquileres, creemos que debe avanzarse en regular fuertemente la actividad. Para ello, deben rebajarse por ley las comisiones inmobiliarias, ampliarse los plazos mínimos de alquiler y establecerse precios máximos por barrio. También, creemos importante incrementar el impuesto al sello para los alquileres destinados a turistas extranjeros.
Asimismo, es indispensable encarar un plan de construcción de viviendas para las comunas del sur de la ciudad y garantizar la ampliación de los créditos hipotecarios y la reducción de los requisitos para acceder a los mismos.

4) Creación del Ministerio de Vivienda y Hábitat

Para poder llevar adelante el conjunto de propuestas presentadas es imprescindible generar un diseño institucional centralizado que elimine la multiplicidad de ventanillas y programas difusos. Será en este Ministerio que se unifiquen todas las políticas de vivienda de la ciudad, otorgándole al mismo un presupuesto adecuado a su jerarquía.
Asimismo, proponemos la creación de un Ente Metropolitano de Defensa de los Inquilinos, que se encargue de emprender contra las arbitrariedades que surjan de las relaciones contractuales en el alquiler de viviendas o en el arrendamiento de hoteles familiares. Finalmente, entendemos que para tener mayor cercanía con la población, deben compartirse atribuciones con los Gobiernos Comunales.

Se puede conocer más de la propuesta desde su página oficial:

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