En primer lugar, parece prudente esclarecer la situación actual: el aborto clandestino es la primera causa de muerte materna en nuestro país (1 de cada 3 muertes maternas es causado por aquel). Se realizan alrededor de 500.000 abortos clandestinos (entre el 30% y el 40% de los embarazos). Sumado a esto, no se pueden calcular las secuelas, daños en los órganos y funciones reproductivas, tales como hemorragias, infecciones con consecuencias muchas veces irreversibles, que padecen las mujeres que se someten a prácticas no seguras y que requieren posteriores hospitalizaciones. Es la causa de más de 80.000 hospitalizaciones por año. Aquí se dan dos caras de una moneda: por un lado mujeres de clase que disponen de los recursos necesarios acuden a clínicas a realizarse prácticas abortivas, pagando por el servicio, y por el otro, mujeres de clase baja, sin medios para poder realizarlo en un lugar seguro y con profesionales idóneos. Ambos son clandestinos, porque hoy la ley penal reprime el aborto, aunque sea realizado con el consentimiento de la mujer encinta (exceptúense aquí los abortos que no son punibles, como los que son practicados por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer si el embarazo proviene de una violación, o de un atentado al pudor sobre mujer idiota o demente).
¿Por qué abortan las mujeres?
Se enumeran en el proyecto de ley 3 causas de embarazos no deseados: “a) las que tienen que ver con la condición humana: olvidos, irresponsabilidades, errores…b) las que se relacionan con las carencias sociales: ausencia de programas de educación sexual, acceso restringido a métodos anticonceptivos, y c) las relativas fallas de los anticonceptivos…” algunas de estas fallas pueden ser superadas, pero otras no (olvidos, violaciones, errores, etc.) por eso es necesaria la reforma que garantice a las mujeres el acceso a un aborto legal, seguro y otorgue acceso a anticonceptivos e información adecuada (proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo 2010), para así también efectivizar la igualdad en igualdad de condiciones (esto es, que no sólo las que dispongan de dinero y contactos puedan realizárselo) .
Uno (de los tantos) problemas con el derecho.
Sucede que todos estamos sujetos a la misma ley, pero no todos tenemos iguales opiniones, creencias, valores morales, y el derecho no puede privilegiar a ninguna de las distintas concepciones morales que conviven en la sociedad, por eso no puede prohibir una conducta porque algunos la consideren un pecado, inmoral, etc. Considero que nuestra legislación ya no contempla la realidad presente en nuestra sociedad, no es eficaz como garantizadora de derechos, puesto que reprime o pretende reprimir a las mujeres que abortan, considerándolas delincuentes (aunque esto no las hace disuadir de la decisión: se observa que se practica sin que la penalización sea un obstáculo), y no contempla la situación a la que se ven sometidas muchas de las que lo practican en condiciones inseguras. Por otro lado, se trata de normas que son una demostración visible del sistema patriarcal que desconoce la libertad y autonomía de las mujeres en las decisiones que refieren a su cuerpo y su capacidad reproductiva. Mediante la norma, no puede constreñirse a la mujer a que continúe con la gestación, el parto, y el posterior cuidado que requiere la persona por nacer, no puede obligársela a una opción de vida que no consintió. Responsabilizarla por un acto consentido como es el coito es una especie de castigo, una suerte de servidumbre, dejados atrás hace casi dos siglos.
Derechos de la mujer involucrados.
Toda persona tiene derecho a la salud, a la no discriminación y la igualdad (esto respecto de que las mujeres no tienen todas igual goce derechos en igualdad de condiciones), a la intimidad y a la autonomía reproductiva, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, derechos que hoy se ven vulnerados por la ausencia de legislación al respecto (educación sexual, métodos anticonceptivos y demás) y por la penalización de las maniobras abortivas que tengan como resultado la muerte del feto. Por estas razones, parece conveniente una legalización del aborto, lo que también implica reconocer la desigualdad social en que se encuentran las mujeres de nuestro país, ya que son las pobres las que sufren, padecen lesiones que muchas veces son crónicas, o mueren por abortos realizados en la clandestinidad (mediante procedimientos caseros o de baja calidad, riesgosos para su salud), y las que pueden acudir a profesionales idóneos, que lo realizan con características de una intervención mínima. La prohibición del aborto y la falta de acceso a procedimientos seguros, de calidad y gratuitos es una violación de los derechos mencionados.
No es una locura de la población.
El Comité de Derechos Humanos recomendó a Argentina a “tomar las medidas necesarias para evitar que las mujeres deban arriesgar su vida en razón de la existencia de disposiciones legales restrictivas sobre el aborto”. Así como también otros organismos de tratados internacionales recomendaron (esto no obliga pero demuestra la perspectiva del caso) al país modificar la legislación, o tomar medidas para modificar la situación actual de muertes maternas.
En conclusión, en nuestro país la punición del aborto tiene como resultado un incremento en los factores que provocan más riesgo de muerte a la mujer encinta, ya que acuden a métodos inseguros, hay ausencia de responsabilidad médica, de desalienta la atención post-aborto, esto y mucho más, nos hace pensar que es necesario un cambio. Las épocas cambian, la sociedad misma cambia y ahora reclama por derechos que se ven conculcados. A mi manera de ver, es hora de un cambio legislativo
Agustina Alfaro
Estudiante de Derecho de la UBA
